viernes, 18 de diciembre de 2009

Derechos de autor y derechos fundamentales

Se quedó por explicar mi postura y la publicación del manifiesto frente a las pretensiones de los ministerios de Cultura e Industria de colar una disposición en el anteproyecto de ley de Economía Sostenible que permitiría, con su redacción actual, cerrar cualquier página web por una “infracción de la propiedad intelectual”.
Esta disposición, ante la que se produjeron pacíficas y silenciosas concentraciones en varias capitales y una reunión entre algunos personajes conocidos en internet y la ministra de Cultura, deja en manos de una “comisión” la potestad de cerrar preventivamente cualquier web que supuestamente infrinja los derechos de autor.
Por eso, y no por las descargas o el “todo gratis en la Red” colgué ese manifiesto y fui a la casa de las siete chimeneas a protestar. Porque un órgano administrativo no puede suplantar, en el caso del derecho fundamental a la libertad de expresión, a los jueces, los únicos legitimados -según nuestro sistema jurídico, vigente desde la santa transición- para decidir si una página se puede cerrar o no.
La amenaza es real, tal y como está redactado el anteproyecto. Si alguien de la industria cultural se toma la molestia de leer el contenido de este blog, por ejemplo, lleno de citas textuales de los libros que leo, o de enlaces a noticias o artículos, puede dirigirse a esa comisión y, de momento, cerrar este espacio hasta que yo pruebe que mi derecho a la cita o a la crítica es legítimo.
Sé que el derecho es aburrido y que la televisión es más divertida y simplificadora, pero este post tiene una intención evangelizante. Yo no niego a los autores su derecho a la remuneración; ni reivindico el “todo gratis” en la Red. Lo que yo exijo es que la industria cultural deje de ser una actividad subvencionada, que se reconvierta y deje a otros que se organicen y hagan negocios de otra manera.
Los ejemplos -iTunes, Spotify, Hulu, por citar a la música o los contenidos audiovisuales- son tan numerosos como personas emprendedoras hay en internet. El problema es que desde la aprobación de la LSSI la industria cultural -sobre todo las grandes productoras y multinacionales y las sociedades de gestión- se ha encontrado con que todas las sentencias dictadas por los jueces consideran que las páginas de enlaces y los intercambios entre particulares mediante el p2p -la popular mula, torrents, etcétera-, no son delito.
La presión de este lobby cultural, que ha incluido llamadas comprobadas de la embajada de EE UU a la Moncloa, ha conseguido que se cuele esta disposición bajo el argumento: “ya que los jueces no me dan la razón, me la doy yo a mí mismo con un órgano ad hoc”.
Por eso, porque no me da la gana que venga una multinacional a decirme lo que puedo o no escribir, sólo porque no les guste o porque haya puesto una cita o un enlace a uno de sus productos, es por lo que publiqué el manifiesto y seguiré protestando, de una forma u otra.

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