Mártires o guarras: la cara oculta de una sentencia

La sentencia de la manada ha vuelto a descubrir tres problemas fundamentales de la justicia española y cuatro efectos colaterales, tanto políticos como sociales.

Vaya por delante que la justicia y el derecho no son lo mismo, aunque tiendan a identificarse y que nuestro sistema jurídico es europeo descendiente del derecho romano. Eso significa que los muchos juicios estadounidenses que vemos en la televisión no tienen nada que ver con la Justicia española, a ver si nos entra en la mollera; o les entra en la mollera a los responsables de la educación española, que podían incluir en los planes de estudios a partir de los 14 años unos fundamentos de derecho que “curasen” tanta tontería como se escucha.

El primer problema fundamental es la existencia de tribunales especiales como las Audiencias, herederos directos de los tribunales de excepción del franquismo. Esto supone la quiebra de uno de los derechos humanos fundamentales: el juez natural. La existencia de tribunales especiales deslegitima la la justicia y se presta a las arbitrariedades y diferencias que tanto se corean en las redes sociales: es decir, la diferencia entre pegar a un guardia civil en Alsasua o hacerlo en Huelva; pagar con dinero público una campaña electoral en Madrid o hacerlo para una consulta en Barcelona. Las leyes son las mismas, pero la interpretación es diferente.

El segundo problema fundamental es la propia figura del juez instructor. En un mundo extraordinariamente complejo, confiar la investigación e interpretación de unos hechos a personas que han construido su carrera completamente desconectados del mundo real, solo atentos a memorizar decenas de leyes y códigos es aberrante. También son aberrantes la absoluta falta de medios, el tiempo de la instrucción y por supuesto, el lenguaje.

El tercer y último problema, extensivo a toda la sociedad, es el machismo, la supremacía masculina o el heteropatriarcado, podemos elegir el término que más nos guste. Y no solo por los delitos relacionados con la violencia sexual, juzgados siempre con la luz del catolicismo -mártires y puras o guarras y provocadoras-, sino también con el derecho de Familia, concebido e interpretado para defender al “sexo débil” y no para mediar entre iguales. La diferencia con el derecho Administrativo, por ejemplo, que no discrimina entre sexos a la hora de desahuciar o de señalar a los o las responsables de una quiebra, es abismal.

Los efectos colaterales saltan a la vista. La desconfianza en la Justicia y quienes la imparten; la indefensión de los profesionales del Derecho y del que se ve envuelto en un proceso; la cobardía de los políticos -para este supuesto conocidos como “el legislador”-, que se niegan a reflexionar y añaden reforma tras reforma al albur de las encuestas o de los deseos de venganza de parte del electorado; y la ignorancia fomentada por los medios de comunicación sobre la Justicia, el Derecho y la dignidad de todas las personas.

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