La responsabilidad del cargo público
Llevo unos días perezoso para entrar a comentar algo del caso Lamela, de la actuación del ahora consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y hace dos años consejero de Sanidad, y de su presidenta, Esperanza Aguirre. Del caso se publicó ayer un excelente resumen, que puede servir para que todos sepamos de qué estamos hablando.
No voy a entrar en la gestión del caso, ni de la actuación concreta de ambos políticos y de su brazo propagandístico, entre otras cosas porque los calificativos que se merecen me costarían sin duda una querella por lo que es una obviedad: soy responsable de cuánto digo y escribo. Y es ahí donde radica la diferencia.
Es tradición que en España nadie dimite por nada -a poco que se haga memoria, los ejemplos surgen sin esfuerzo-, desde la gestión de una crisis medioambiental a un desastre ferroviario, por traer a colación dos actuaciones de un mismo ministerio con dos titulares de similar apellido, pero de distintos gobierno y partido: Francisco Álvarez y Magdalena Álvarez. No quiero hacer equidistancia con ello porque la responsabilidad de ambos asuntos es bien distinta y de diferente magnitud. Pero vuelve a aparecer la palabra: responsabilidad.
Se arrastra en España desde siempre un problema que ha terminado por afectar a la estructura misma del Estado y que separa de forma nítida las actuaciones de los particulares de los actos de los titulares de un cargo público. Mientras cualquier particular es responsable de sus actos una vez que llega a la mayoría de edad, y las leyes se encargan de delimitar esos actos y de castigarlos cuando constituyen un delito, del rey abajo no hay responsabilidad alguna. Más que el reino de España deberíamos reconocer en la Constitución que este es el reino de la impunidad.
Manuel Lamela y Esperanza Aguirre hacen declaraciones y realizan también determinados actos de los que, pasado el tiempo, no son responsables personalmente, pues fueron hechos en razón de sus cargos. Mientras yo soy responsable de lo que hago y digo en razón de mi ciudadanía y mayoría de edad, sin que ni mi profesión ni mis ideas me sirvan de coartada para los abusos, Manuel Lamela y Esperanza Aguirre sí pueden impunemente declarar o actuar ya que no son ellos, sino los cargos que ocupan los que declaran y actuan. Y esos cargos son irresponsables, no tienen responsabilidad alguna ni siquiera cuando se prueba que esas declaraciones o esos actos eran, por decirlo suavemente, una equivocación.
Hace 30 años, una de las esperanzas depositadas en los altares -laicos- de la democracia fue que los modos y maneras de la Administración franquista, desaparecerían y gozaríamos de la relativa Arcadia feliz en que se mueven las administraciones de los "países de nuestro entorno", en los que las personas que cometen delitos o gestionan mal son responsables de sus actos al margen de sus cargos.
No sólo no ha sido así, sino que el catálogo de impunidades ha crecido y ya incluye también las declaraciones y las mentiras y hasta la estupidez.
Technorati: política
No voy a entrar en la gestión del caso, ni de la actuación concreta de ambos políticos y de su brazo propagandístico, entre otras cosas porque los calificativos que se merecen me costarían sin duda una querella por lo que es una obviedad: soy responsable de cuánto digo y escribo. Y es ahí donde radica la diferencia.
Es tradición que en España nadie dimite por nada -a poco que se haga memoria, los ejemplos surgen sin esfuerzo-, desde la gestión de una crisis medioambiental a un desastre ferroviario, por traer a colación dos actuaciones de un mismo ministerio con dos titulares de similar apellido, pero de distintos gobierno y partido: Francisco Álvarez y Magdalena Álvarez. No quiero hacer equidistancia con ello porque la responsabilidad de ambos asuntos es bien distinta y de diferente magnitud. Pero vuelve a aparecer la palabra: responsabilidad.
Se arrastra en España desde siempre un problema que ha terminado por afectar a la estructura misma del Estado y que separa de forma nítida las actuaciones de los particulares de los actos de los titulares de un cargo público. Mientras cualquier particular es responsable de sus actos una vez que llega a la mayoría de edad, y las leyes se encargan de delimitar esos actos y de castigarlos cuando constituyen un delito, del rey abajo no hay responsabilidad alguna. Más que el reino de España deberíamos reconocer en la Constitución que este es el reino de la impunidad.
Manuel Lamela y Esperanza Aguirre hacen declaraciones y realizan también determinados actos de los que, pasado el tiempo, no son responsables personalmente, pues fueron hechos en razón de sus cargos. Mientras yo soy responsable de lo que hago y digo en razón de mi ciudadanía y mayoría de edad, sin que ni mi profesión ni mis ideas me sirvan de coartada para los abusos, Manuel Lamela y Esperanza Aguirre sí pueden impunemente declarar o actuar ya que no son ellos, sino los cargos que ocupan los que declaran y actuan. Y esos cargos son irresponsables, no tienen responsabilidad alguna ni siquiera cuando se prueba que esas declaraciones o esos actos eran, por decirlo suavemente, una equivocación.
Hace 30 años, una de las esperanzas depositadas en los altares -laicos- de la democracia fue que los modos y maneras de la Administración franquista, desaparecerían y gozaríamos de la relativa Arcadia feliz en que se mueven las administraciones de los "países de nuestro entorno", en los que las personas que cometen delitos o gestionan mal son responsables de sus actos al margen de sus cargos.
No sólo no ha sido así, sino que el catálogo de impunidades ha crecido y ya incluye también las declaraciones y las mentiras y hasta la estupidez.
Technorati: política
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